Sin protección temporal, 350,000 inmigrantes están en riesgo de deportación

Luis Antonio Hernandez

Nueva York–La “Acción diferida para los llegados en la infancia”, DACA por sus siglas en inglés, recibió la atención de los medios más importantes cuando se anunció que terminaría de proteger a cerca de 80,000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños junto a sus padres. Sin embargo, se dijo muy poco sobre el posible fin de otro programa que beneficia a inmigrantes indocumentados, el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protection Status, TPS). En caso de que se dejase expirar el TPS, entre enero y marzo de 2018, hasta 250,000 salvadoreños y hondureños, junto con otros 100,000 ciudadanos de ocho países más, podrían caer en la ilegalidad e incluso ser deportados.

El programa permite que ciudadanos de una lista de diez países entren y permanezcan de manera legal en los Estados Unidos. Para recibir esta protección temporal, que debe renovarse normalmente cada año y medio, oficiales y cortes migratorias deben establecer una duda razonable de que la vida del solicitante corre peligro si se le deporta a su país de origen.

La administración de Donald Trump no ha dado a conocer si ampliará o no la protección que ofrece el programa para Honduras y El Salvador; sin embargo, esta semana anunció que los 3,000 nicaragüenses amparados por TPS tendrán 14 meses para conseguir la residencia permanente o regresar a su país.

El TPS fue la puerta de entrada para Karina Castillo. Ella es una mujer hondureña y garífuna de 20 años. Los garífunas son un pueblo descendiente de africanos que escaparon a la esclavitud en el Caribe y que se mezclaron con los indígenas Caribes de la isla de San Vicente. Después de que los británicos los expulsaron de su hogar en San Vicente, hace 200 años, se asentaron en las costas atlánticas de Centroamérica. En el último par de décadas, miles volvieron a emigrar, esta vez a los Estados Unidos. Se estima que tan sólo en Nueva York la población asciende hasta 100,000.

Castillo tenía 17 años cuando las autoridades de inmigración la interceptaron en la frontera con México. Debido a su edad, la joven ya no era elegible para DACA. Sin papeles, el TPS la salvó de regresar a un país en donde dice que su vida corría peligro. Cuenta que dos veces estuvieron cerca de matarla en el barrio en el que vivía, La Esperanza, “el más caliente de la Ceiba,” dice.

Un día, Castillo recuerda durante una entrevista, estaba afuera de su casa despidiendo a su tía. “Normal”, “se va tu tía y sales a despedirla,” dice. Cuando de pronto apareció un tipo con una pistola y amenazó a su tía. La reacción de Castillo fue gritarles a los familiares que seguían en la casa: “¡están asaltando a mi tía!” En ese momento el asaltante volteó a verla y le apuntó con la pistola. Ella volvió a gritar, más fuerte, y entonces él disparó. La bala, para fortuna de todos, “pegó en un palo” que estaba enfrente de ella.

Poco tiempo después habló con su madre, quien ya vivía en Nueva York. “Le dije, mamá, yo me tengo que ir. No sé cómo, pero yo me tengo que ir,” recuerda castillo. Tres días después, dejaba todo lo que hasta entonces había conocido para ponerse en marcha y salvar su vida.

Desde que llegó en 2014, Castillo ha recibido buenas noticias. Como ser la primera hondureña en representar al estado de Nueva York en el concurso de belleza Miss Teen USA, en el que quedó en tercero. O estar por concluir, por segunda vez, el bachillerato, aunque ahora en inglés. También, el próximo año planea estudiar una carrera universitaria. Y lo mejor de todo, quizá, es que su abogado le anunció que muy pronto obtendrá la residencia. Todo esto, sin embargo, habría sido imposible sin la protección inicial del TPS.

No obstante, la historia de Castillo es una excepción a la regla. La mayoría de los Centroamericanos en Estados Unidos no pueden compartir la tranquilidad que viene con la ciudadanía. Según el Instituto para la Política Inmigratoria (Immigration Policy Institute), es menos probable que los beneficiarios del TPS sean naturalizados ciudadanos americanos. Por eso, explica el instituto, sólo 23 por ciento de los hondureños, una población con muchos beneficiarios del TPS, están naturalizados. Una cifra menor, comparada con el 70 por ciento de panameños naturalizados y el 48 por ciento de todos los inmigrantes.

Los beneficiarios del TPS tienen más razones para preocuparse. La administración del presidente Trump, abiertamente opuesta a los inmigrantes indocumentados, tiene acceso a la información personal de todos los inscritos en el TPS, incluidos dirección y número de teléfono. Sin la protección legal que les brinda hoy el TPS, podrían ser presa fácil de una campaña de deportación masiva.

Para muchos de ellos, regresar a Honduras –el noveno país más peligroso del mundo, con 1.14 asesinatos por cada 100 personas; regresar a ciudades como San Pedro Sula, la más peligrosa del mundo y a donde las familias y menores de edad provenientes de EE. UU. son deportados— simplemente no es una opción. Para los garífunas como Castillo es tanto o más difícil. La vida en sus comunidades se deterioró gravemente en los últimos años debido a la violencia de las pandillas, la pobreza extrema y los ataques a las tierras comunales. La discriminación racial, además, los hace más vulnerables a los abusos de las autoridades. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por no proteger el derecho a la propiedad y a la vida de dos pueblos originarios garífunas, en casos en los que particulares coludidos con autoridades municipales los despojaron de sus tierras con lujo de violencia.

Para la gran comunidad garífuna que reside en la Ciudad de Nueva York, defender el TPS es prioridad. Mirtha Colón, garífuna hondureña, presidente de la Organización Negra de Centro América y de Hondureños contra el SIDA, dijo: “El problema principal es el TPS. Los DACA son gente joven y articulada que ha sabido cómo defenderse.” Cree que acabar con este programa afectaría sobre todo a la generación de los padres, una población adulta que creció en Centroamérica y que hoy es más vulnerable porque habla poco inglés y está menos adaptada culturalmente. “Son gente que ha vivido aquí por 20 años,” añadió.

En una reunión con el Departamento de Estado a finales de septiembre, le recordaron que la protección del TPS, como dice el nombre, sólo era temporal. Ella lo ha interpretado como una señal de que no será renovado. “Quitar el TPS en estos momentos va a ser bien devastante (sic),” comentó.

Por si fuera poco, los cambios y giros repentinos del gobierno de Trump han hecho el trabajo de las organizaciones pro-inmigrantes más difícil. “Hoy las cosas son más complicadas,” dijo Gregoria Flores, una prominente líder dentro de la comunidad.

Flores fundó el Centro Comunitario Garífuna en el 2013, después de una de las olas más grandes de inmigración garífuna en Nueva York. Su organización sin fines de lucro se encarga de atender las necesidades de los inmigrantes, en particular, aquellas relacionadas con el estatus migratorio, porque la mayoría llega sin papeles. Ella misma estuvo en esa situación durante un tiempo, cuando su asilo político en EE. UU expiró. Se refugió aquí después de sufrir un atentado en Honduras en mayo de 2005, cuando todavía había un gobierno militar. Nunca pensó en emigrar a los Estados Unidos. Los consideraba, al menos en parte, responsables del robo de tierras y del acoso al que se enfrentaban las comunidades indígenas y los activistas como ella. Cambió de opinión un día que su hermano, un oficial en el ejército hondureño, le dijo: “hermana, te quedan sólo siete días si te quedas aquí.”

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